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> Laburrak: Justizia > CATALUNYA: CONDENADO A 8 AÑOS DE PRISION POR ABUSAR SEXUALMENTE DE SU HIJA DE 10 AÑOS EN BARCELONA

  • Sentencia de la audiencia
  • Condenado a 8 años de prisión un hombre por abusar sexualmente de su hija de 10 en BCN
  • El Periódico de Catalunya, 2007-12-21 # ACN · Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a Luis Goñi, de 46 años, a ocho años de prisión por cuatro delitos de abuso sexual. La sentencia indica que el condenado abusó sexualmente de su hija de 10 años, entre febrero y marzo del 2005, a la que sometió a tocamiento en las partes íntimas en la calle, en un bar y en su domicilio, en Barcelona. El tribunal considera probado que el hombre intentó que su hija le hiciera una felación aprovechando que se encontraban solos en el domicilio, y en otra ocasión se masturbó delante de ella y la obligó a mirar.

> Berria: Justizia > EL CONSTITUCIONAL MANTIENE LA PENA POR JUSTIFICAR EL GENOCIDIO

  • El Constitucional mantiene la pena por justificar el genocidio
  • El tribunal, sin embargo, anula el castigo a las doctrinas negacionistas
  • El País, 2007-11-09 # Julio M. Lázaro · Madrid

El Tribunal Constitucional ha declarado que no es inconstitucional el artículo del Código Penal que castiga con penas de uno a dos años la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, aunque al alto tribunal considera impune negar esas mismas doctrinas. Es decir, a reserva de conocer los pormenores de la sentencia, la negación del Holocausto de los judíos dejaría de ser punible con penas de cárcel en España.

El Tribunal Constitucional anticipó ayer el fallo ante la confusión creada por la filtración de la sentencia a un medio informativo. El fallo divulgado por el Constitucional estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un tribunal de Barcelona, sobre el artículo 607.2 del Código Penal. Dicho artículo establece: “La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años”.


Sobre la tacha de inconstitucionalidad de este artículo, el fallo de la sentencia del Constitucional establece los siguientes pronunciamientos:
1º. Declarar inconstitucional y nula la inclusión de la expresión “nieguen o” en el primer inciso de artículo 607.2 del Código Penal
2º Declarar que no es inconstitucional el primer inciso del artículo 607.2 del Código Penal que castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpetado en los términos del fundamento jurídico 9 de esta sentencia.
3º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.


El tribunal no explicó los términos de fundamento jurídico 9 de la sentencia, que se conocerá previsiblemente la próxima semana, cuando se incorporen los votos particulares de los magistrados Pascual Sala, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata.


Fuentes de expertos constitucionalistas precisaron que el Constitucional mantiene las penas de prisión para los que justifiquen el genocidio o el Holocausto, pero no castiga a quienes nieguen esos delitos, que casi siempre han ido referidos a la negación del Holocausto por los nazis. La cuestión de inconstitucionalidad fue promovida por la Audiencia de Barcelona en un recurso de Pedro Varela, propietario de la librería Europa, condenado por vender publicaciones que exaltaban el régimen de Hitler.

> Berria: Justizia > GALICIA: LA JUSTICIA CONFIRMA UNA MULTA DE 6.000 EUROS POR ACOSO MORAL A UNA LESBIANA

  • La Justicia confirma una multa de 6.000 euros por acoso moral a una lesbiana
  • Es una de las primeras condenas en España por trato vejatorio de un profesor a una alumna homosexual
  • La Voz de Galicia, 2007-10-26

Un ayuntamiento de la comarca de Vigo y un profesor contratado deberán indemnizar con 6.000 euros a una mujer homosexual que fue víctima de acoso moral. Según fuentes de la oenegé feminista Alecrín, esta es una «condena pionera, la primera sentencia dictada en España contra el trato discriminatorio a una lesbiana».


La resolución judicial parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), compuesto por tres magistradas, y que confirma una sentencia anterior dictada en el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo.


La demandante, Miren, se había inscrito como alumna-trabajadora para un concello de la comarca de Vigo en un obradoiro de fontanería, celebrado entre el 31 de diciembre del 2005 y finales del 2006.


La víctima denunció que en los últimos meses fue objeto de acoso moral y que sufría vejaciones y
desprecios por parte de un profesor del taller, Ramón R., desde que este se enteró de que la alumna-empleada era homosexual. El acusado incluso llegó a alimentar un enfrentamiento entre dos grupos de alumnos del obradoiro para crear un clima humillante. El Concello tampoco le brindó protección y, finalmente, la víctima sufrió daños en su integridad psíquica-física.


La denunciante aseguró que su tutor le ofreció en clase dos libros de la Iglesia evangélica que trataban la homosexualidad femenina como una enfermedad. El profesor también hacía chistes obscenos con herramientas en referencia a la vagina. Otro día, la denunciante iba a coger una lata de pinturas y su profesor pidió que lo hiciese «otra que tuviese más tetas». Incluso llegó a decir que el lesbianismo «era carne contra carne y un asco por la mezcla de fluidos». El acusado negó los hechos, pero el TSXG no admitió tal versión.


Sentencia
El TSXG declara en su sentencia que los trabajadores tienen derecho a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad. Deben gozar de protección frente a las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de su orientación sexual.


El alto tribunal gallego considera que tras las frases tendenciosas o banales existe un mensaje homofóbico que «hiere y humilla» a la demandante y afecta a su capacidad de integración en el trabajo porque la subvaloran.


La sentencia critica que la heterosexualidad sea colocada en los lugares de trabajo como «natural» mientras que los gais y lesbianas son «negativos». El TSXG deplora que la homosexualidad, en concordancia con las prohibiciones religiosas, sea desacreditada como «pecado, enfermedad o anormalidad», lo que justificaría para algunos que dicho colectivo no tuviese los mismos derechos que el resto.


El tribunal rechaza que el estereotipo de «lesbiana masculina» sea pretexto para burlas y que las frases de mal gusto son denigrantes para cualquier mujer.

> Berria: Justizia > CANARIAS: CONDENA DE 9 AÑOS A UN JOVEN QUE ABUSO DE UN MENOR EN LAS PALMAS

  • Condenan a 9 años de cárcel a un joven que abusó de un menor gay en la capital grancanaria
  • Compartía habitación con la víctima
  • Canarias7, 2007-07-26 # EFE · Las Palmas

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a nueve años y seis meses de prisión a un joven de 27 años natural de Yakarta (Indonesia) por haber abusado sexualmente de manera continuada de un menor gay, con cuya madre el acusado mantenía una relación de amistad.


Según una sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el menor tenía trece años cuando comenzó a sufrir los abusos por parte del acusado, B. M., que consistían en felaciones y penetraciones anales, y se produjeron en varias ocasiones no determinadas entre los años 2004 y 2006 en la capital grancanaria.


La madre del menor declaró en el juicio que dejaba a su hijo al cuidado del acusado, pese a su oposición, porque B. M. carecía de trabajo y era amigo de su pareja, y que por ello también residía en su domicilio, donde compartía habitación con la víctima, aunque no cama, refiere la sentencia.


En los hechos probados se señala que no se demostró en el juicio que el acusado amenazara con pegar al menor para mantener esas relaciones, ni que en ocasiones le agrediese o le tapase la boca y le agarrase de los brazos para consumar su propósito.

> Berria: Hiesa > LIBIA: ANULADA LA PENA DE MUERTE CONTRA LAS ENFERMERAS BULGARAS Y EL MEDICO PALESTINO

  • Anulada la pena de muerte contra las enfermeras búlgaras en Libia
  • El País, 2007-07-18 # Agencias · Trípoli

El Alto Consejo de Justicia de Libia conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua para las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino acusados de contaminar con el virus del sida a 426 niños libios. Los condenados podrán ser trasladados a Bulgaria según los acuerdos de extradición.


Antes de la decisión de la más alta instancia judicial libia, las familias de los niños afectados confirmaron, tras recibir millonarias indemnizaciones, su renuncia a la pena de muerte emitida por el Tribunal Supremo de Libia contra las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino.


Un portavoz de los padres de los 426 niños infectados (de los que 56 ya han muerto) en el hospital Al-Fateh de Bengazi, anunció a la prensa en Trípoli que, tras haber recibido una indemnización de un millón de dólares por familia (720.000 euros), éstas retiran su exigencia de que los cooperantes sean castigados con la pena capital.


La conmutación de la pena de muerte fue bien recibida por Bulgaria. El ministro de Exteriores, Ivaïlo Kalfine, calificó la decisión como “un gran paso en la dirección correcta”, aunque afirmó que para Sofía el caso no estaría cerrado hasta que las enfermeras regresen a Bulgaria. También la UE y EE UU expresaron su satisfacción por el desenlace.


Un portavoz de la Fundación Gaddafi, que ha mediado con los padres, confirmó que todas las familias recibieron la indemnización a cargo del fondo internacional de ayuda creado en 2005 para ayudar a Libia a combatir el sida. El fondo ha sido dotado colectivamente por Bulgaria, Libia y varios países europeos, con el apoyo de la UE y EE UU. Los abogados de los acusados consideraban que la decisión de las familias de retirar la petición de pena de muerte sería fundamental para que sus defendidos evitaran el pelotón de fusilamiento.


En prisión desde 1999
Las cinco enfermeras y el médico permanecen encarcelados desde 1999, cuando fueron detenidos junto a otros 13 trabajadores búlgaros, estos últimos liberados poco después. Desde el principio del proceso, los seis acusados afirmaron que sus confesiones iniciales, en las que se autoinculpaban, fueron logradas tras ser torturados.


El largo periplo de los acusados por los tribunales libios comenzó en el año 2000. La primera sentencia de una corte en Trípoli condenaba a los sanitarios a morir ante un pelotón de fusilamiento libio, pese a las protestas de Bulgaria, que acusó al país africano de perpetrar un juicio político, y la condena de Amnistía Internacional, que denunció “múltiples irregularidades antes de celebrar el juicio”. La sentencia de muerte se repitió en los procesos de 2004 y 2006.


Luc Montagnier, el investigador francés que identificó por primera vez el virus del sida, se trasladó en 2003 a Libia para analizar el caso. Su informe considera que la infección de los niños se produjo de forma accidental por las pésimas condiciones de higiene del hospital de Bengazi.

> Berria: Hiesa > LIBIA: LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS INFECTADOS DE SIDA COMIENZAN A RECIBIR INDEMNIZACIONES

  • Las familias de los niños libios infectados de sida comienzan a recibir indemnizaciones
  • Las compensaciones permitirán librarse de la pena de muerte a las enfermeras búlgaras y el médico palestino
  • El País, 2007-07-17 # Agencias · Trípoli

Las familias de los niños libios infectados por el virus del sida han comenzado a recibir compensaciones económicas en contrapartida por renunciar a que las enfermeras búlgaras y el médico palestino fueran condenados a muerte, según ha informado el portavoz de las familias. “Anoche recibieron sus cheques y esta mañana han comenzado a retirar el dinero de los bancos”, ha asegurado.


El pasado domingo las familias declararon haber aceptado la compensación.


El Alto Consejo de Justicia libio tiene previsto pronunciarse hoy sobre el caso de los cooperantes sanitarios. Esta instancia, que depende del Ministerio de Justicia, debía haber decidod ayer pero lo aplazó hasta hoy, martes, sin explicar los motivos.


El retraso, en opinión de los medios diplomáticos europeos que siguen el caso, se puede deber a que el tribunal necesitaba contar con un documento firmado por los familiares de los niños, en el que estos renunciaban a exigir que se cumpliera las penas de muerte.


La Justicia
libia condenó en dos ocasiones a la pena capital a los seis cooperantes sanitarios, y el Tribunal Supremo ratificó esas condenas.


El último recurso depende del ACJ, que es un organismo que puede tener en cuenta razones políticas, y que debido a la atención despertada internacionalmente por este caso, se prevé que se decante por el cambio de las penas a muerte, por condenas de prisión.


Hace ya más de ocho años que las enfermeras y el médico están encarcelados y, para acelerar la salida de este caso, los cooperantes firmaron la semana pasada una solicitud de clemencia ante las altas autoridades del Estado libio.

> Berria: Eliza > EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA CONDENA AL ARZOBISPADO DE MADRID POR NO VIGILAR A UN CURA PEDERASTA

  • El Tribunal Supremo ratifica la condena al Arzobispado de Madrid por no vigilar a un cura pederasta
  • Telecinco, 2007-07-10

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a dos años de cárcel a un cura por abusar sexualmente de un menor, entre los años 1999 y 2001, y declaró responsable civil al Arzobispado de Madrid, dirigido por Rouco Varela, por no vigilar al sacerdote que abusó del menor.


La sentencia del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por el Arzobispado contra la resolución de la Audiencia de Madrid el pasado mes de octubre que condenaba tanto al sacerdote como al Arzobispado por no vigilar al cura.


La Audiencia madrileña condenó entonces a Rafael S.N. a la citada pena y a que indemnizara al menor con 30.000 euros por los daños materiales y morales causados, ya que la Sala Sala consideró al acusado autor de un delito continuado de abusos sexuales.


Sin embargo, también fue condenado el arzobispado de Madrid por infringir cánones del Código de Derecho Canónico que le obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos de las diócesis.


Para el Tribunal Supremo, los hechos han quedado “corroborados en su credibilidad” con la declaración del menor en el juicio oral así como con “otros datos” proporcionados por testigos y peritos en la vista. Por todo ello, el sacerdote tendrá que pasar dos años en la cárcel y el arzobispado de Madrid deberá pagar 30.000 euros al menor.

> Berria: Justizia > EL SUPREMO CONCEDE UNA INDEMNIZACION A UN RECLUTA EXPULSADO DE LA MILI POR GAY

  • El Supremo concede una indemnización a un recluta expulsado del servicio militar por ser gay
  • Europa Press, 2007-07-08

El Tribunal Supremo ha confirmado la concesión de una indemnización de 6.000 euros a un recluta que fue expulsado del servicio militar en 1978 por su condición de homosexual. El recurrente solicitaba una indemnización muy superior, cercana al millón de euros, a causa de las secuelas psíquicas sufridas por el trato vejatorio recibido, pero el alto tribunal ha considerado suficiente la concedida en su día por la Audiencia Nacional.


Pere Carrera alegaba que su mala experiencia durante el tiempo en que permaneció en el servicio militar y la grave discriminación sufrida determinaba una responsabilidad de la Administración en dos ámbitos: el laboral “habiéndole impedido la estabilidad en uno de los ámbitos fundamentales del desarrollo como persona” y el ético-social por la marginación sufrida al constar en un documento oficial un aspecto tan íntimo de su vida.


Carrera padece además secuelas generadas por la experiencia que le provocan continuas depresiones y recaídas físicas. Durante el periodo en que estuvo realizando el servicio militar intentó suicidarse y tuvo que ser hospitalizado.


La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional destacaba que el motivo reseñado para expulsarle fue el diagnóstico de homosexual que se rectificó posteriormente en 1991 y 1995. Informes médicos señalaban que el recurrente sufrió durante ese periodo una supuesta adicción a las drogas.


Por ello, la Audiencia Nacional establece una indemnización de 6.000 euros como compensación por la expulsión discriminatoria sufrida y no estima procedente indemnizarle por las secuelas padecidas.


Delirio contra el ejército español

Carrera presentó su recurso ante el Supremo invocando como principal motivo que debió apreciarse la existencia de un nexo entre la traumática experiencia del servicio militar con la secuelas psicológicas que sufre y que se traducen en “un delirio contra el Ejército Español”.


El alto tribunal considera que no puede llegarse sin más a la conclusión del recurrente de que sus padecimientos son una consecuencia del trato de que fue objeto durante la prestación del servicio militar y destaca que ninguno de los informantes relacionados con el expediente administrativo abierto confirman su planteamiento.


Incluso uno de los doctores que le examinó, perteneciente al Instituto catalán de Salud llegó a decir en el juicio, destaca la sentencia, que “no sabe cuales son las causas del delirio” y mencionó si supuesta adicción a las drogas

Quiso que el Rey declarara como testigo
El recurrente alegaba también indefensión ya que la Sala que estudió su demanda en primera estancia le había denegado la práctica de una serie de pruebas que él consideraba básicas para entender su caso.


La sentencia del Supremo desestima este último motivo al considerar que Carrera pretendía la realización de una amplia testifical que incluía las declaraciones de personalidades como el Defensor del Pueblo “o el propio presidente del Gobierno” y, en aras de “la gravísima y preocupante vulneración de la Constitución” sufrida, solicitaba también que acudiera como testigo el Rey Don Juan Carlos ya que “la actitud de la Administración” estaba causando “graves perjuicios a su persona”.


El alto tribunal indica que “las testificales propuestas son impertinentes e inútiles”.

> Berria: Trans > EL SUPREMO ANULA LA SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS QUE OBLIGABA AL IMSALUD A PAGAR UNA OPERACION DE CAMBIO DE SEXO

  • El Supremo anula la sentencia del TSJA que obligaba al Imsalud a pagar una operación de cambio de sexo
  • Según el Supremo, la prestación reclamada no es financiable con cargo a la Seguridad Social o a Fondos Estatales mientras no existan las correspondientes normas que así lo establezcan
  • El Comercio, 2007-07-06

El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la que se condenó al Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud) a asumir el coste de una operación de cambio de sexo contra una mujer transexual, según consta en una sentencia hecha pública hoy.


Según el Supremo, la prestación reclamada no es financiable con cargo a la Seguridad Social o a Fondos Estatales mientras no existan las correspondientes normas que así lo establezcan. Esta sentencia unifica la doctrina, dado que la sentencia del tribunal asturiano entraba en contradicción con otra dictada por la Sala de lo Social del Tribunal de Valencia por un caso similar.


De hecho, el alto tribunal apunta que la financiación pública de estos tratamientos ya se produce en algunas comunidades autónomas, “sin que ello suponga ningún tipo de discriminación, al depender de la financiación de los respectivos presupuestos”.


El caso que ha motivado la unificación de doctrina se refiere a una persona que nació con sexo masculino, si bien tuvo un comportamiento femenino desde pequeña, sintiéndose niña y hormonándose por su cuenta a los 16 años. A partir de 2001, continuó su tratamiento con asistencia por parte de médicos de la Seguridad Social.


Posteriormente, según refiere la sentencia, esta persona decidió someterse a una intervención quirúrgica en una clínica privada, donde se le construyeron los órganos genitales femeninos, con un coste de 10.820 euros. Esta mujer, titular de tarjeta sanitaria, presentó al Imsalud el reintegro de los gastos de la operación dado que no se realizaba en la sanidad madrileña y sí en otras administraciones como Andalucía.


En sus fundamentos para descartar esta financiación, el Tribunal Supremo se remite al antiguo articulado de la Ley General de Seguridad Social, donde se señalaba que la asistencia sanitaria y farmacéutica habrá de dispensarse con la extensión, duración y condiciones que reglamentariamente se determinen en el marco de las posibilidades técnicas y financieras que en cada momento tenga la Seguridad Social.


Por su parte, la normativa vigente dispone que para incorporar nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos a la cartera de servicios comunes o excluir los ya existentes será necesaria su evaluación por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Carlos III.


El Supremo recuerda que este instituto cuenta con un informe sobre trastornos de identidad de género según el cual el actual contexto legal es compatible con la potencial inclusión de esta prestación en el ámbito del Sistema nacional de Salud. Así, la norma que lo lleve a efecto deberá contar con una valoración del Ministerio de Sanidad sobre seguridad, eficacia y eficiencia.


En este sentido, apunta que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud contempla que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, pueden aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán cuando menos los básicos contemplados para todo el Estado.

> Berria: Justizia > CASTILLA Y LEON: UN NEONAZI CONDENADO POR GRABAR UNA ESVASTICA A UNA MENOR EN VALLADOLID

  • Un neonazi condenado por grabar una esvástica a una menor
  • El joven vallisoletano cumplirá 15 meses de prisión
  • El País, 2007-07-05

Tres jóvenes vallisoletanos, entre los que sólo ha sido identificado el neonazi Jesús Manuel C., agredieron y escupieron a una menor de ideología antifascista la noche del pasado 11 de enero en Valladolid. Para rematar, grabaron una esvástica en el brazo de la joven de 16 años. El Juzgado de lo Penal número 1 ha condenado ahora a Jesús Manuel C. como autor de los hechos. La jueza le ha impuesto una condena de un año y tres meses de prisión y le obliga a pagar una indemnización de 2.300 euros por un delito contra la integridad moral de la menor y una falta de lesiones”.


La jueza ha entendido probado que Jesús Manuel C. pertenecía a grupos de ideología neonazi y ha considerado agravantes el abuso de superioridad manifestado por el agresor y las motivaciones racistas, antisemitas e ideológicas del condenado. Para la titular del juzgado, el único motivo del ataque fue el hecho de que la menor luciera en su cazadora dos chapas con una estrella roja de cinco puntas y una esvástica tachada (antifascista), informa hoy “El Norte de Castilla”.


Durante el juicio, celebrado los pasados días 19 y 20 de junio, el fiscal se mostró contundente al afirmar que el imputado “violó la personalidad” de la víctima y la sometió a un “trato degradante, humillante y vejatorio”, al tiempo que advirtió de que lo que en principio “eran indicios racionales de la culpabilidad de Jesús Manuel se han transmutado en pruebas fehacientes”.


El fallo rechaza la coartada ofrecida por el acusado, quien aseguró que el día de los hechos se encontraba en casa de un amigo. El aludido, Pedro del P., un neonazi también condenado por grabar una esvástica a otra menor, no compareció en el juicio, por lo que no pudo corroborarlo.


Los hechos, según ha interpretado la jueza, se produjeron de acuerdo a la versión de la menor, quien aseguró haber sido perseguida por tres neonazis hasta un portal, donde tras empujarla y tirarla al suelo, la golpearon, la escupieron y le grabaron una cruz gamada en su brazo.