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> Berria: Lesbofobia > EL CGPJ SANCIONA HOY POR FALTA GRAVE AL JUEZ FERNANDO FERRIN

  • El CGPJ sanciona hoy por falta grave al juez de Murcia que dio la custodia al padre por ser lesbiana la madre
  • Europa Press, 2007-07-25

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto a la Comisión Disciplinaria que se reúne hoy abrir expediente por falta grave del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín, por el auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas al padre porque la madre mantenía una relación lésbica.


Según consta en la propuesta de Inspección, a la que ha tenido acceso Europa Press, se debe abrir al juez Ferrín expediente por la falta que castiga el verter en resoluciones “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico”. Numerosas organizaciones han presentado una queja ante el CGPJ en la que denuncian el auto del pasado 6 de junio en la que el magistrado concedió la custodia al padre de dos niñas, por la relación que la madre mantenía con otra mujer.


En cuanto a esta queja, Inspección precisa que, como se trataba de un auto contra el que no cabía recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó remitir las actuaciones al CGPJ ante el contenido de ciertas expresiones del auto. “La principal cuestión debatida gira sobre la determinación de cuáles han de ser los límites a los que han de ajustarse los términos empleados por las resoluciones judiciales”, explica la propuesta.


En este sentido, agrega que deben limitarse a exponer los términos de la controversia que afrontan y las razones jurídicas que conducen a la decisión que adoptan, pero “no son cauce ni pueden serlo en ningún caso para expresiones ajenas a esos contenidos”, ni siquiera como consecuencia de la independencia judicial.


Quebrantar la confianza social

“Con esas expresiones que ha incluido en el auto se está quebrantando la confianza social en los tribunales que resulta inexcusable en una sociedad democrática para cumplir adecuadamente su cometido constitucional”, afirma el Servicio de Inspección.


Ese deber de lealtad es incuestionable en jueces y magistrados, prosigue el escrito, y “no sólo resulta del artículo 9.1 de la Constitución, sino que hay que considerarlo la principal obligación de su régimen estatutario, en virtud del 318.1 de la LOPJ. La promesa o juramenteo que en este precepto se impone es la solemne formalización de ese esencial compromiso de lealtad constitucional”. Por ello, propone la apertura de expediente.


Trato correcto, expresiones innecesarias

La propuesta considera, tras ver el vídeo del juicio que se celebró por la custodia de las niñas, que el trato que el juez dispensó a la madre fue correcto en todo momento. Por ello se dedica a reproducir el contenido del auto por el que se otorgó la custodia al padre.


La resolución afirma que tanto el fiscal como el abogado de la madre “parecían partir de la regla antigua e inconstitucional de atribuir a favor de la madre una especie de presunción de que ella es la idónea para asumir la custodia de las hijas, mayores de siete años”.


Agregaba que en “la ‘ley del divorcio-express o del divorcio-repudio’ no hay que entrar en la causa del disocio, sino sólo en las medidas, ya que viene configurado como el derecho de todo cónyuge a no permanecer ligado por más tiempo al otro (¿por qué no se concede verbigracia la misma opción de desligarse de la obligación hipotecaria?)”, para a continuación citar la Ley de Violencia de Género, recordar que sobre ella debe pronunciarse el Tribunal Constitucional y afirmar que se producen un sinnúmero de falsas denuncias.


Además, consideraba suficientemente acreditado “el perjuicio para las hijas que se deriva de la relación que la madre sostiene con una tercera persona y que lógicamente no se limita a un hecho aislado. “La madre tendrá que elegir entre sus hijas y su pareja”, señala.


A criterio del juez, la condición homosexual perjudica a los hijos porque tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. “Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la de un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor”, añade.


Además, critica la regulación que de la custodia compartida recoge el artículo 92.8 del Código Civil, gracias a la reforma de la Ley del Divorcio en 2005, y cuya redacción considera “un error en la votación en el Congreso del grupo gobernante”. Esta modificación permite al juez otorgar la custodia compartida de forma excepcional si no hay acuerdo entre los progenitores, siempre y cuando uno de ellos la haya solicitado. En este caso, ambos padres pidieron la custodia exclusiva de las hijas.


“Como ello no lo puedo acordar –añade el juez–, al estar atado de pies y manos por la reforma de julio de 2005 (…) y considerar que la orientación homosexual de uno de los progenitores sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre”. También se reserva la facultad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 91.8 en su momento.

> Berria: Lesbofobia > EL MINISTRO DE JUSTICIA CRITICA EL AUTO DE FERNANDO FERRIN Y DICE QUE ES INCONSTITUCIONAL

  • El CGPJ va a estudiar el auto del juez que retiraba la custodia de sus hijas a una mujer por ser lesbiana
  • El ministro de Justicia critica el auto y dice que incluye conceptos inconstitucionales
  • Cadena SER, 2007-07-24 # Mariola Lourido

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a estudiar mañana el auto del juez de Murcia en el que Fernando Ferrín Calamita retiraba la custodia de sus dos hijas a una mujer por haber reconocido que era lesbiana. En ese auto, el juez en cuestión llegaba a equiparar la homosexualidad con una secta satánica.

Varios miembros del CGPJ consideran que este auto es claramente inconstitucional pero hay alguno, como el conservador José Luis Requero, que aunque no comparte la forma y censura el lenguaje ofensivo y algunas expresiones desafortunadas del auto, sí está de acuerdo con el fondo.


Este vocal conservador, autor de un estudio en el que comparó la homosexualidad con la zoofilia, subraya que el CGPJ no puede inmiscuirse en los argumentos juridicos que él define como debate pedagógico sobre la idoneidad de los homosexuales para educar a los niños.


La Comision Disciplinaria
del Poder Judicial estudiará mañana el ‘caso Ferrín Calamita’ y la posible apertura de un expediente disciplinario por falta grave.


Críticas del Gobierno

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, asegura que el juez Fernando Ferrín Calamita, de Murcia, ha incluido conceptos inconstitucionales en el auto.


Fernández Bermejo señala además que “no parece estar dentro del ámbito del juez la utilización de las sentencias para defender conceptos que están al margen de los principios constitucionales”.


En este sentido, ha añadido que los jueces no deben “deslizar en las resoluciones judiciales conceptos” que vulneran el espíritu de la Constitución. En cualquier caso, Fernández Bermejo ha asegurado que “los órganos de inspección de la Justicia” están estudiando este caso.

> Berria: Lesbofobia > EL PSOE PIDE AL CGPJ QUE EXPEDIENTE AL JUEZ POR DENEGAR LA CUSTODIA DE DOS NIÑAS A SU MADRE LESBIANA

  • El PSOE pide al CGPJ que abra expediente al juez por denegar la custodia de dos niñas a su madre lesbiana
  • Europa Press, 2007-07-23

La secretaria federal de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, instó hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir expediente al magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín, quien ha denegado la custodia de dos niñas a su madre, “exclusivamente por el hecho de ser lesbiana”.


Montaño considera que “este juez se ha retratado en la sentencia y, a todas luces, ha quedado incapacitado para resolver sobre cuestiones jurídicas, al discriminar a una mujer por razón de su orientación sexual, un principio constitucional protegido en el artículo 14 de la Carta Magna”.


En la misma línea, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG socialista, Pedro Zerolo, calificó el auto de “inadmisible” y señaló que “frente a este tipo de actuaciones tiene que reaccionar la ciudadanía para así garantizar el respeto de los Derechos Humanos de todos”.


Según Zerolo, este pronunciamiento del juez Ferrín “nos retrotrae a la España negra, superada ya felizmente por la inmensa mayoría de la sociedad española”.

> Berria: Lesbofobia > LLAMAZARES RECLAMA LA INMEDIATA INTERVENCION DEL CGPJ ANTE LA DECISION CONTRA UNA MADRE LESBIANA

  • Llamazares reclama la “inmediata intervención” del CGPJ ante la “inadmisible e inconstitucional decisión del Juez de Murcia en contra de una madre lesbiana”
  • Izquierda Unida, 2007-07-23

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, considera que “el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe tomar de inmediato cartas en el asunto y abrir un expediente al juez Ferrín Calamita. En absoluto es admisible que haya miembros de la Judicatura que pongan su ideología ultraconservadora por encima del respeto de la Ley y la Constitución”.


El titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, ha otorgado la custodia de dos hijas al padre porque la supuesta homosexualidad de la madre les perjudica y “aumenta el riesgo” de que las menores también lo sean, en un auto en el que señala que la mujer “tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja”.


Llamazares valora que “da la impresión de que aquí hay algo más que una sentencia aislada. Parece ser que este juez de Murcia ya es reincidente en asuntos de esta naturaleza, por lo que el CGPJ no debe perder tiempo en actuar como máximo órgano de control de la Judicatura y para erradicar de raíz decisiones que claramente atacan la defensa de la igualdad de derechos que hace la Constitución Española”.


El coordinador general de IU muestra su preocupación por el hecho de que “da la impresión de que en los últimos tiempos algunos jueces se prestan alegremente a servir de abanderados de determinadas ideologías que tratan de echar por tierra algunos de los avances legales que hemos conseguido en esta legislatura. Una vez que un juez se pone una toga debe atenerse escrupulosamente a lo que marca la ley y dejar su ideología colgada fuera del despacho”.


Al mismo tiempo, considera que “es el mismo juez quien pone seriamente en duda su capacidad profesional y su ecuanimidad al utilizar argumentos que cuestionan y critican leyes aprobadas por el Parlamento como la de igualdad o la de matrimonios homosexuales. Los jueces están para cumplirlas y, si quieren hacer política, que dejen el juzgado y se presente a las elecciones. Seguro que habrá alguna formación política encantada en acogerle en sus filas”.

> Berria: Justizia > EL SUPREMO ADMITE EL RECURSO DEL JUEZ QUE OBJETO PARA NO TRAMITAR BODAS HOMOSEXUALES

  • El Supremo admite el recurso del juez que objetó para no tramitar bodas gays
  • El magistrado pide que se anule el acuerdo del CGPJ que le negó su derecho a abstenerse
  • La Razón, 2007-06-18 # F. Velasco · Madrid

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el juez encargado del Registro Civil de Sagunto (Valencia), Pablo de la Rubia, contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de desestimar su petición de abstenerse, por motivos religiosos, en la tramitación de los expedientes matrimoniales de personas del mismo sexo. Será la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que, finalmente, establezca si esos jueces tienen «obligación legal y consustancial» de tramitar esos expedientes, o si, por contra, gozan del derecho a la objeción de conciencia.


En la demanda interpuesta, la defensa del magistrado, ejercida por el abogado Santiago Milans del Bosch, sostiene que el acuerdo del Consejo «lesiona» el derecho fundamental a la libertad ideológica, de conciencia, «derecho que asiste a toda persona -también a los servidores públicos- para comportarse en su vida personal y social de acuerdo con los dictados de su conciencia». Por ello, pide al Supremo que restablezca este derecho fundamental, «una de cuyas manifestaciones positivas (a través de la objeción de conciencia) le ha sido denegada» al juez De la Rubia.


Además, se esgrime que el propio magistrado solicitó que en esos expedientes se designase a un sustituto. Por ello, «no hay ningún dato que haga presumir que los contrayentes homosexuales puedan ver impedido su matrimonio por el hecho de reconocerle su derecho fundamental a la libertad religiosa. Distinto sería si tal sustitución no fuera posible, legal o materialmente».
Por otro lado, el hecho de que se trate de una persona que tiene el deber de «obedecer la ley», no significa, se afirma, «que quien es funcionario público no pueda nunca aducir una objeción de conciencia para sustraerse en el desempeño de su función a una obligación legal», tal como reconoció el TC en un caso que afectaba a un policía.


Lo que plantea el juez del Registro Civil de Sagunto no está, por tanto, «al margen» del principio de legalidad. Así, se alude a que el propio TC excluyó el carácter jurisdiccional de los encargados de registros civiles, por lo que «si se reconoce a los funcionarios públicos la posibilidad de oponer su conciencia frente a obligaciones profesionales, y esto ocurre bien expresamente (militares), bien implícitamente… parece ineludible concluir que para ese cometido no jurisdiccional sino funcionarial» también es aplicable la objeción de conciencia.
No es un acto de desobediencia


De esa forma, la postura del juez De la Rubia no se puede catalogar como «un acto de desobediencia frente a una norma u orden superior, sino «ante un mandato o contenido normativo que representa una lesión» del derecho fundamental a la libertad religiosa. Con estos argumentos, se solicita que el Supremo anule el citado acuerdo del CGPJ -que se adoptó después de que dos vocales del grupo mayoritario votaran en contra del informe estimatorio de José Luis Requero-, por entender que es contrario al derecho a la libertad religiosa, que «se extiende en su protección a la objeción de conciencia fundada en motivos religiosos y faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros en casos como el presente. Si no fuera así, se produciría una quiebra del sistema de derechos, libertades y garantías ya que las libertades de conciencia y religiosa serían “papel mojado” para quienes, como es el caso, hacen pretensión de su ejercicio sin menoscabo de intereses de terceros».

> Berria: Justizia > C. VALENCIANA: COLEGA-VALENCIA PIDE QUE SE CONDENE A LAURA ALBAU A CASAR A TODOS LOS HOMOSEXUALES DE LA COMUNITAT

  • Un colectivo gay pide que se condene a la jueza de Denia “a casar a todos los homosexuales de la Comunitat
  • El CGPJ ha sancionado a Laura Alabau con 305 euros de multa
  • Las Provincias, 2007-05-31 # Europa Press · Valencia

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Comunitat Valenciana Colega-Valencia calificó hoy de “ridícula” la sanción de 305 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la jueza encargada del Registro Civil de Dénia (Alicante), Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, y pidió en un comunicado que se le condene “a casar a todos los gays y lesbianas de la Comunitat”.


El colectivo aseguró que lamenta “enormemente” que las declaraciones de la “polémica” magistrada “hayan supuesto únicamente una condena monetaria tan exigua, y sobre todo que no hayan sido condenadas precisamente las actuaciones poco profesionales y éticas de la jueza al paralizar la tramitación de expedientes de matrimonio entre personas del mismo sexo en cuatro ocasiones”.


En este sentido, subraya que “últimamente cada vez son más abundantes las condenas a servicios sociales a la comunidad por pequeños delitos y faltas, lo que redunda tanto en beneficio de la propia sociedad como en la reinserción social y el arrepentimiento por convencimiento de los propios infractores” y por todo ello, propone que “se cambie la condena monetaria por un trabajo de tramitación de todos los expedientes de matrimonio entre personas del mismo sexo que lo soliciten en la Comunitat Valenciana”.


De esta forma, el colectivo considera que de la condena “se beneficiará la propia comunidad a la que ha afectado las actuaciones de la jueza, y por otro lado constituirá una forma de ayudar a la jueza como terapia reparadora de su intolerancia”.


La entidad continúa “animando” a las parejas de gays y lesbianas de la Comunitat Valenciana “a que tramiten su matrimonio en la ciudad de Dénia, donde decir el ‘si quiero’ significa un ‘rotundo no’ a la intolerancia de quienes no quieren una igualdad real”.

> Berria: Justizia > C. VALENCIANA: 305 EUROS DE MULTA A LA JUEZ LAURA ALBAU POR NO QUERER OFICIAR BODAS HOMOSEXUALES

  • 305 euros de multa por no querer oficiar bodas homosexuales
  • El CGPJ multa a una juez de Denia que cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios gays y rechazó la solicitud de varias parejas
  • El País, 2007-05-30

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 305 euros y una advertencia a la juez de la localidad alicantina de Denia, Laura Alabau, que se negó a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo y criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía por la ley que regula estas bodas.


El Poder Judicial abrió un expediente disciplinario a Alabau el año pasado, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, por cuestionarse la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales y negarse a celebrar estas bodas; además, rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio, alegando que en su país de origen no está reconocido.


Los vocales que integran el CGPJ han aprobado la propuesta formulada por el instructor del expediente que se abrió a Alabau, que consideró que la juez había cometido una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y una falta leve del artículo 419.2. El primero de los artículos establece que es falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Por su parte, el artículo 419.2 se refiere a que es falta leve la desconsideración con los miembros del Ministerio Fiscal.


En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Alabau se quejaba de haber sufrido “una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno” y atribuía a la Dirección General de Registros hacer “una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos”. Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido “vergonzosamente en un apéndice del Gobierno”.